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Un resumen del del programa electoral del partido Syriza, favorito en las encuestas ahora que se van a repetir las elecciones en Grecia.

1. Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo.

2. Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para que financie directamente a los Estados y a los programas de inversión pública.

3. Subir el impuesto de la renta al 75% para todos los ingresos por encima del medio millón de euros anuales.

4. Cambiar la ley electoral para que la representación parlamentaria sea verdaderamente proporcional.

5. Subir el impuesto de sociedades para las grandes empresas al menos hasta la media europea.

6. Adoptar un impuesto a las transacciones financieras y también un impuesto especial para los productos de lujo.

7. Prohibir los derivados financieros especulativos, como los swaps y los CDS.

8. Abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la iglesia y los armadores de barcos.

9. Combatir el secreto bancario y la evasión de capitales al extranjero.

10. Rebajar drásticamente el gasto militar.

11. Subir el salario minimo hasta su nivel previo a las recortes (751 euros brutos mensuales).

12. Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la iglesia para alojar a las personas sin hogar.

13. Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

14. Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

15. Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.

16. Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.

17. Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.

18. Nacionalización de los bancos.

19. Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores estratégicos para el crecimiento del país (ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua…).

20. Apostar por las energías renovables y por la protección del medio ambiente.

21. Igualdad salarial para hombres y mujeres.

22. Limitar el encadenamiento de contratos temporales y apostar por los contratos indefinidos.

23. Ampliar la protección laboral y salarial de los trabajadores a tiempo parcial.

24. Recuperar los convenios colectivos.

25. Aumentar las inspecciones de trabajo y los requisitos laborales para empresas que accedan a concursos públicos.

26. Reformar la constitución para garantizar la separación iglesia-Estado y la protección del derecho a la educación, la salud y la protección del medio ambiente.

27. Someter a referéndum vinculante los tratados europeos y otros acuerdos de importancia.

28. Abolición de todos los privilegios de los parlamentarios. Eliminar la especial protección legal de los ministros y permitir a los tribunales ordinarios procesar a los miembros del gobierno.

29. Desmilitarizar la guardia costera y disolver las fuerzas especiales antidisturbios. Prohibir la presencia de policías encubiertos o con armas de fuego en las manifestaciones y mítines. Cambiar los planes de estudio de los policías para poner énfasis en los temas sociales, como la inmigración, las drogas o la exclusión social.

30. Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

31. Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.

32. Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.

33. Regular el derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar.

34. Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).

35. Eliminar el copago en los servicios sanitarios.

36. Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.

37. Retirada de las tropas griegas de Afganistán y los balcanes: ningún soldado fuera de las fronteras de Grecia.

38. Romper los acuerdos de cooperación militar con Israel. Apoyar la creación de un estado Palestino dentro de las fronteras de 1967.

39. Negociar un acuerdo estable con Turquía.

40. Cerrar todas las bases extranjeras en Grecia y salir de la OTAN.

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Mariano Rajoy, 18 de noviembre de 2011.

Esteban González Pons, 18 de noviembre de 2011.

En un breve artículo publicado hoy en su blog en el New York Times, el Nobel de economía Paul Krugman predice un tremendo escenario para los próximos meses en España y Europa:

1. Salida del euro de Grecia, probablemente en el próximo mes.

2. Retiradas masivas de dinero desde los bancos de España e Italia para llevar el dinero a Alemania.

3a. Tal vez, controles para prohibir transferencias de depósitos fuera del país y límites a las retiradas de dinero en efectivo.

3b. Alternativamente, o al mismo tiempo, inyecciones masivas de dinero del BCE a los bancos para evitar su colapso.

4. Alemania tiene dos opciones: aceptar inyecciones masivas de capital público en Italia y España, seguidas de una drástica revisión en su estrategia: básicamente, dar a España en particular alguna esperanza de que habrá un respaldo a su deuda para evitar que la prima de riesgo se dispare y también un objetivo de inflación para la eurozona más alto que permite hacer el ajuste de precios o…

4b. El fin del euro.

Iñigo Sáenz de Ugarte

Si hay que guiarse por las portadas de la prensa conservadora, el Gobierno va a tener difícil digerir el éxito de la movilización del #12m15m. Desde dos posturas opuestas –despreciar las manifestaciones, en el caso de ABC, y atacarlas con ferocidad, en el de La Razón–, ambos diarios mostraron sus dificultades para encajar las manifestaciones como lo que son: una muestra de descontento popular cuya traducción política siempre es difícil de calcular.

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En su estrategia por deslegitimar y despreciar cualquier protesta, el PP ha hecho suyo un viejo concepto de los discursos políticos, el de la mayoría silenciosa. “Vamos a gobernar para los que quieren levantar España, para la mayoría silenciosa, y no para los que hacen algaradas”, dijo recientemente María Dolores de Cospedal. Su consigna se ha repetido después en tertulias, columnas y portadas de periódicos. Los que protestan, dicen algunos voceros, “son una minoría”, “son violentos”, “no representan a nadie “y “dan mala imagen al país”. La gran mayoría de los españoles votó al PP, ergo “el Gobierno tiene las manos libres” para hacer cualquier cosa, incluso romper con todas las promesas que hicieron durante la campaña electoral. Son las falacias habituales que transmiten sin cesar aquellos que reducen la democracia al simple acto de votar (y callar).

Tal vez De Cospedal no lo sepa, pero el inventor de esa idea de la “mayoría silenciosa” fue un político de infausto recuerdo: el expresidente estadounidense Richard Nixon. Fue en noviembre de 1969, durante un famoso discurso sobre la guerra de Vietnam, en el que pedía el apoyo a la “gran mayoría silenciosa” mientras criticaba a los manifestantes pacifistas. “Traicionaría mi juramento del cargo si permitiera que la política de esta nación estuviera dictada por una minoría mediante la organización de manifestaciones en la calle”, decía Nixon. Su trampa argumental era doble: ni eran minoritarias las protestas, ni era mayoritario el silencio a favor de Vietnam. Pero aunque así no lo fuera, es falaz despreciar a quienes se manifiestan –por minoritarios que sean– porque una democracia va mucho más allá que el simple voto: es gobernar para todos, es escuchar al que disiente. Y es aún más falaz interpretar cualquier silencio –sea la abstención electoral, sea la pasividad ante una movilización ciudadana– como un apoyo declarado para aquella minoría poderosa que tiene más voz que el resto.

Al menos Richard Nixon reconocía una cosa: el derecho a la manifestación. “Una de las fortalezas de nuestra sociedad libre es que cualquier americano tiene el derecho de llegar a esa conclusión y defender ese punto de vista”, admitía en aquel discurso Nixon, el mismísimo Richard Nixon, que queda como un moderado al lado de la derecha que nos gobierna, donde cualquier manifestación, cualquier protesta pacífica, es una “algarada” a la que no se responde con el diálogo, sino con la policía.

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Este artículo sale hoy a la calle en el número especial en PDF y en papel que han elaborado varios compañeros, extrabajadores de Público: la cooperativa MásPúblico. Enhorabuena por el primer número. Os ha quedado fenomenal.

Carlos Elordi

Leer prensa extranjera siempre ha sido un ejercicio sano para un periodista. Porque te enteras de lo que pasa y se piensa en otros países y de por donde apuntan unos y otros hacia el futuro del mundo. Pero de un tiempo a esta parte, además de sano, es imprescindible para saber qué ocurre y, sobre todo, qué puede ocurrir en España. Como en los tiempos del franquismo, cuando los únicos que contaban las protestas democráticas que aquí iban produciéndose eran diarios como Le Monde. Que justamente por eso la policía retiraba de nuestros quioscos.

En concreto, las informaciones y análisis del Financial Times, aunque también los del superconservador Wall Street Journal, entre otros, sobre la crisis económica y financiera española, llevan meses avanzando hipótesis, casi sin excepción de tinte muy negro, que luego se han ido verificando implacablemente y que nuestra prensa, por no hablar de nuestras televisiones, nunca habían apuntado. Por las razones que sean, que de eso algún día podríamos hablar.

Tras el estallido del asunto Bankia, el pesimismo sobre el futuro español se ha reforzado en los citados diarios. Se dice sin ambages que el gobierno español ha fracasado en su reforma del sistema financiero y se duda de que los nuevos intentos vayan a tener mejor éxito. El Financial Times también ha dicho que en cualquier otro país la manera en que se hizo la salida a bolsa de Bankia, prácticamente engañando a los accionistas, habría sido objeto de una investigación judicial o de las autoridades monetarias. Pero que en España eso no se estila.

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Mariano Rajoy, seis meses atrás: «No pienso dar un solo euro público a la banca». Aunque lo grave no es solo esta promesa rota, otra más, sino el precio que va a pagar la sociedad por los abusos y la penosa administración de unos gestores que no solo han arruinado unas instituciones centenarias, sino que han dejado un gran boquete en el bolsillo de todos los ciudadanos. Las cifras marean. Entre el FROB, los créditos casi regalados del BCE y las ayudas directas que ya ha esbozado el Gobierno suman algo más de 80.000 millones de euros públicos, unos 1.700 euros por español. El agujero es tan grande que nos podría tragar. Por comparar, es ocho veces más que el recorte previsto en educación y sanidad.

Lo ocurrido con Bankia es de tal gravedad que el Gobierno debería dar dos pasos: abrir una comisión en el Parlamento donde se aclare la quiebra y ordenar a la fiscalía que investigue si, más allá de las responsabilidades políticas, hay también responsabilidad penal. El dato conocido estos días sobre las cuentas del 2011 –que el auditor externo Deloitte se negó a firmar por estar plagadas de irregularidades– no se puede ventilar sin más.

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La ministra Ana Mato quiere que esos ciudadanos sin papeles a los que se niega el derecho a la sanidad estén atendidos por las ONG. La propuesta es un insulto que ahonda aún más en la medida más injusta e inhumana de entre todos los recortes que ha tomado el Gobierno de Rajoy (y van). La propuesta es reveladora por el trasfondo que muestra: Ana Mato confunde el Estado del bienestar con la caridad.

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No lo llamen nacionalización. En realidad estamos socializando las pérdidas: pagando con carísimos intereses los excesos de unos gestores que han vivido muy por encima de nuestras posibilidades. La autopsia de Bankia detallará la factura, pero las primeras cifras que aparecen son mastodónticas, descomunales: más de 80.000 millones de euros públicos movilizados en el rescate; como toda la sanidad pública y todas las prestaciones por desempleo juntas. Si dividimos la cifra entre todos los españoles, tocamos a 1.700 euros por barba entre préstamos a fondo perdido, avales y bendiciones. Eso sin sumar imponderables: lo que Bankia encarece la prima de riesgo y la financiación de la deuda pública, lo que complica a todas las empresas el acceso al crédito, o lo que abarata ese activo del que tanto se habla ahora la “marca España”, ese país que hace no tanto presumía del mejor sistema financiero del mundo civilizado.

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